La solución a lo corrupción no es golpeando a quienes la denunciamos y combatimos
Carta abierta al Presidente del Congreso de la República
LA SOLUCIÓN A LA CORRUPCIÓN NO SE LOGRA
GOLPEANDO A QUIENES LA DENUNCIAMOS Y COMBATIMOS
Acto seguido a la elección del nuevo Contralor General de la República, escogido entre los candidatos fabricados por el gobierno saliente para extender su incidencia sobre el manejo de los recursos públicos, un grupo de senadores, entre ellos Roy Barreras, Ariel Ávila, Isabel Zuleta, Jahel Quiroga, Iván Cepeda, Esmeralda Hernández, Pedro Muñoz y Miguel Ángel Pinto Hernández, presentan precipitada y unilateralmente un proyecto de acto legislativo estableciendo un Tribunal de Cuentas, como la fórmula mágica para acabar con la corrupción.
Cuando se parte de un diagnóstico equivocado para resolver un problema, el resultado siempre será fallido. Tribunal y Corte de Cuentas son propuestas institucionales que están lejos de ser la solución contra ese flagelo de la corrupción y que, allí donde existen, son hoy objeto de revisión y propuesta de modificación. La propuesta de Tribunal de Cuentas no incorpora ni nuevas funciones ni nuevas competencias para ejercer el control fiscal y lo único que logrará es una masacre laboral y el desconocimiento de derechos adquiridos.
Al partir equivocadamente de un análisis errado de las causas de la corrupción, se yerra en las propuestas de solución o de definición de herramientas para combatirla.
Las normas de control fiscal han sido diseñadas de una forma calculada y perversa para favorecer la corrupción. Es el Congreso el que elige al Contralor General y las Asambleas y Concejos a los contralores territoriales. Esa realidad genera una cadena clientelar como pago de favores amén de que la gestión pública ya se encuentra cooptada por un completo carrusel de la corrupción que compromete a políticos, contratistas, contralores y altos funcionarios públicos.
Los trabajadores de la Contraloría General y Contralorías Territoriales reafirmamos nuestro compromiso indeclinable con la lucha contra la corrupción y creemos que es necesario hacer profundas reformas no a las instituciones de control, que permitan eliminar los obstáculos existentes para ser aún más eficiente nuestro ejercicio de control, entre otros asuntos:
1. El Contralor General y los Contralores Territoriales deben ser electos exclusivamente por el mérito y debe ser designado aquel que mayor puntaje obtenga en la prueba de conocimientos sin ninguna otra consideración.
2. Las Contralorías Territoriales no deben ser sometidas a una evaluación de su gestión y resultados cuando se llevan décadas solicitando ser fortalecidas presupuestal y administrativamente como lo dictó el Acto Legislativo 04 de 2019.
3. No somos las plantas de personal, que de manera comprometida, objetiva y profesional nos esforzamos realizando las auditorías y presentando los hallazgos y recomendaciones, pero que, una vez entregados a las instancias superiores, prácticamente de ahí en adelante no tenemos capacidad de incidir, para que los responsables asuman fiscalmente sus responsabilidades. Llegando a decidir la alta dirección si se sostiene o no un hallazgo fiscal y si este se convierte o no en proceso de responsabilidad fiscal. Para solucionar este entuerto, es necesario eliminar los cargos de contralores provinciales y contralores intersectoriales de la planta de la Contraloría General ya que ellos responden a recomendaciones políticas no a la labor técnica.
4. Se hace necesario la eliminación de la Planta Temporal de Regalías de la Contraloría General cuyos resultados obedecen más al trabajo de la planta permanente de la entidad y regresar este control a la contraloría delegada de minas y energía.
5. Que se amplíe en la contraloría general el plan de vigilancia y control involucrando más sujetos y puntos de control.
En Colombia miles de millones de pesos han sido defraudados. No han sido los funcionarios de la base los responsables; al contrario, en los casos de Reficar, Odebrecht, SaludCoop, los recursos del PAE, cartel de la hemofilia, defraudación en la Universidad Distrital, Cartel de la Toga, Agro Ingreso Seguro y cientos más, han sido involucrados congresistas, magistrados, ministros, directores de entidades y contratistas.
Ahora pretenden “resolver por las alturas”, con nuevas fórmulas mágicas, sin consultar con los trabajadores, una situación de corrupción de la que solo han sido beneficiarias y responsables las élites gobernantes. ¿Cuál es la opinión del Contralor General Carlos Hernán Rodríguez Becerra, frente a una dinámica que para él no es nueva, máxime que ha sido Auditor General, Contralor Territorial, entre otros cargos?
Exigimos que se generen escenarios donde se consulte no solo a los trabajadores, sino a las comunidades, especialistas y víctimas de la corrupción. Espacios de una mayor amplitud que las audiencias legislativas, que culminen con propuestas de reformas consensuadas y en un gran pacto contra la corrupción. La lucha contra la corrupción no es responsabilidad exclusiva de los entes de control sino de todo el Estado, los partidos políticos y la sociedad.
Los trabajadores hemos venido desde años atrás proponiendo reformas y presentando propuestas sin ser escuchados. En esta oportunidad, con un Congreso distinto en alguna medida y un gobierno incluyente que ayudamos a elegir, igualmente pedimos ser escuchados y se concerte con nosotros las propuestas para combatir ese desangre que es la corrupción.
Hacemos un llamado a todos los funcionarios de las contralorías a declararnos en estado de emergencia, para impedir que el Congreso cometa un nuevo atropello contra el derecho al trabajo y, como siempre, terminen favoreciendo a los corruptos.
En defensa de la estabilidad institucional y laboral. Movilicemos la palabra.
¡El 30 de agosto gran movilización nacional contra la corrupción!
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