Sobre lista de elegibles y adiciones presupuestales

Recibimos del Señor Contralor General la comunicación enviada al Ministerio de Hacienda calendada en Octubre 3 de 2016 y debemos resaltar que el espíritu de la misiva en un todo tiene el propósito de que se alleguen los recursos necesarios para el cabal y buen funcionamiento de la CGR y en ese sentido no tenemos ningún reparo al contenido de dicha comunicación.

Pero lo que si debemos reiterar a partir de dicha solicitud, es que mientras la CGR continúe sometida a la dictadura fiscalista del Ministerio de Hacienda y NO SE RESPETE su autonomía respecto a la elaboración y presentación del presupuesto y las falaces restricciones presupuestales se apliquen a una entidad que, para desempeñar sus funciones y responsabilidades constitucionales y legales, requiere del compromiso del Estado, de la adecuada, oportuna y completa financiación de todas las necesidades presupuestales de la entidad y no su continua y permanente reducción, en ese sentido la misiva del Contralor General es una muestra palpable del contrasentido de la forma como está diseñada la arquitectura institucional del Estado donde quien controla está sometido al controlado, en este caso al régimen presidencialista y fiscalista de Colombia.

A no ser que exista otra misiva que desconocemos, la comunicación enviada adolece de un pequeño pero importante y fundamental detalle, no hace referencia alguna a la urgente e inaplazable necesidad de recursos para poder proveer las casi 260 vacantes existentes en la entidad, circunstancia que de manera objetiva, impacta en el desempeño de las funciones y responsabilidades constitucionales y legales de la entidad; en el cumplimiento y desarrollo de los diferentes procesos misionales y de apoyo, con la consecuente recarga laboral entre los funcionarios existentes o en la “priorización” de tareas.

El propósito de la suspensión de las listas de elegibles tenía como objetivo central; primero, que no se venciera la vigencia de la lista de elegibles y, segundo, que se tuviera el tiempo necesario para allegar los recursos para efectuar los correspondientes nombramientos. Incluso, se planteó desde la Comisión de Personal, que si no se conseguían todos los recursos requeridos sino una parte de ellos, se le proponía al Consejo Superior de Carrera dar prioridad  de proveer las vacantes existentes en las Gerencias Departamentales, sin olvidar los requerimientos del Nivel Central.

Hoy, nos enfrentamos a una cruda y contundente realidad, NO EXISTEN los recursos para proveer las vacantes con las listas de elegibles, y ello se puede concluir de la lectura del oficio enviado por el director de Gestión del Talento Humano al Director de Carrera Administrativa: La proyección presupuestal para la vigencia 2017 es de $385.809 millones de pesos y la apropiación inicial es de $368.028 millones con una ausencia de apropiación para financiar los gastos de personal de $17.801 millones de pesos, que con las proyecciones de gastos inherentes a la planta, el déficit asciende aproximadamente a 20 mil millones de pesos.

Adicionalmente, preocupan los criterios con los cuales el Ministerio de Hacienda elabora el presupuesto de gastos para cada vigencia, donde resaltamos:

“Nóminas certificadas a febrero de 2016, lo que implica que la nómina debe estar congelada desde ese momento, crecimiento en términos reales. Cero nombramientos, reclasificaciones y modificaciones de planta que impliquen nuevos nombramientos. Por efecto de los concursos de la CNSC únicamente se podrán proveer cargos nombrados en provisionalidad. Ningún concurso puede proveer vacantes.”

Y la sumatoria de una política fiscalista de “austeridad inteligente” con la poca o nula gestión efectuada por la CGR para la consecución de los recursos requeridos para proveer las vacantes existentes, nos enfrenta a una DISMINUCIÓN DE LA PLANTA DE PERSONAL DE HECHO; al desconocer de manera absurda no solo nuestras normas de carrera administrativa, que son de obligatorio cumplimiento tanto por el nominador como por las demás autoridades del orden nacional. Ni el Presidente de la República, ni el Ministerio de Hacienda pueden tomar decisiones relativas a la planta de personal de la CGR, asuntos éstos dados al fuero exclusivo del Congreso de la República.

Por otra parte es copiosa la jurisprudencia existente tanto del Consejo de Estado como de la Corte Constitucional que precisa sobre la importancia del concurso público de méritos como mecanismo fundamental para la vinculación de los servidores públicos (Artículo 125 C.P.).

La Corte Constitucional en la Sentencia C­105 de 2013, al referirse a la elección de personeros mediante concurso público de méritos, señaló: "(...) la jurisprudencia ha indicado que el concurso público de méritos forma parte de los elementos definitorios (insustituibles) de nuestro sistema jurídico, al punto que la Constitución misma no puede ser reformada para evadir su aplicación…”.

 Y el Consejo de Estado ha precisado que: “… Es importante reiterar entonces para efectos de esta consulta, que la regla de provisión de empleos de carrera mediante concurso público de méritos del artículo 125 de la Constitución Política es imperativa para todas las entidades estatales y que solo la Constitución y la ley pueden establecer excepciones a ella. Por tal razón, su uso no es potestativo sino obligatorio para las entidades estatales y, por lo mismo, resultan contrarias a la Constitución las prácticas o interpretaciones que permitan eludir su aplicación o faciliten su aplazamiento indefinido. Por tanto, para dar cumplimiento a los deberes que se derivan del principio de legalidad presupuestal, cada entidad tiene el deber de iniciar con suficiente antelación las labores de planeación…. para la realización del concurso público de méritos, así como las tareas internas de apropiación presupuestal, de manera que se garantice la realización oportuna del concurso público de méritos y la provisión de los cargos de carrera administrativa en la forma indicada en la Constitución y la Ley. Esto comporta entonces, a la luz del Estatuto Orgánico de Presupuesto, un verdadero y expreso deber de inclusión de las partidas presupuestales que permitan atender los concursos públicos de méritos, el cual opera frente a los anteproyectos de presupuesto preparados por cada entidad, así como en relación con el proyecto de presupuesto que consolida el Gobierno Nacional y aprueba el Congreso de la República, a quienes también se extienden las obligaciones derivadas del artículo 125 de la Constitución Política. Por tanto, el margen de apreciación para decidir qué gastos de los anteproyectos de las entidades serán incluidos en el proyecto de presupuesto que se someterá a aprobación del Congreso de la República (artículo 74 del Estatuto Orgánico de Presupuesto), se encuentra fuertemente restringido en el caso consultado, por el carácter imperativo de las reglas de provisión de empleos contenidas en el artículo 125 de la Constitución Política”.[1]

Por último, en el marco del estudio de constitucionalidad del artículo 145 de la Ley 201 de 1995, una norma especial que el legislador, en ejercicio de su libertad de configuración, creó para la Defensoría del Pueblo, en el que establecía la posibilidad de utilizar la lista de elegibles para proveer vacantes de grado igual o inferior, correspondientes a la misma denominación. En esta oportunidad, la Corte resolvió declarar exequible la norma demandada entendiendo que una interpretación conforme con la Constitución apuntaba a que cuando se tratara de proveer una vacante de grado igual, que tuviera la misma denominación, el uso de la lista de elegibles es un deber y no una facultad del nominador[2].

Y si nos atenemos a los principios y criterios guías en la elaboración del presupuesto para la vigencia del año 2017, donde se precisa: