No más corrupción

Una vez firmado el Acuerdo de Paz de La Habana con las Farc-EP y  ad portas del inicio de la fase pública de negociaciones de paz con el ELN, que significarán no solo la dejación de armas y el fin del conflicto armado, para la sociedad, para el Estado y para todas las instituciones, se cierne el manto de la incertidumbre.

Con el fin del conflicto armado se abrió una posibilidad gigantesca de poner la agenda social y laboral a la orden del día; acrecentar la movilización social a fin de alcanzar las reformas económicas, políticas y sociales que permitan que los excluidos, los marginados, las inmensas capas de asalariados, de pobres, construyan alternativas de poder que conduzcan al establecimiento de un nuevo modelo de desarrollo. 

Santos ha sido el mejor exponente de la política neoliberal como digno representante de la plutocracia política colombiana y en ese sentido, continua con la más absoluta política de arrasamiento del aparato productivo colombiano: viene feriando el patrimonio público; desconociendo derechos, garantías y acuerdos internacionales; fraguando el asalto a las pocas conquistas laborales y sociales que siguen aún vigentes. Esa plutocracia politiquera y corrupta no vacilará en hacer un nuevo acuerdo político con el mandamás del Ubérrimo para que desde la dirección del Estado acalle la protesta y la movilización social, que sobrevendrán una vez cese la oscura noche del grotesco e inútil conflicto armado. Conflicto que deja una estela de muerte, dolor y destrucción. Si se desea consolidar la paz política, se requiere ambientar y alcanzar la paz social y ello significa, ni más ni menos, que el Estado debe voltear sus ojos hacia las víctimas del conflicto y hacia el cumplimiento de las garantías económicas, ambientales, políticas y sociales que una sociedad empobrecida demanda para, de esta manera, hacer realidad el preámbulo de la Constitución del 91 que precisó que Colombia es un Estado Social y de Derecho.

Para ese nuevo panorama es que se debe preparar no solo la población sino las instituciones, entidades y organismos públicos y privados. Y la CGR no es la excepción. La CGR y los Órganos de Control Fiscal Territorial de hoy, están llamados a reformarse, a cambiar, a adaptarse a esa perspectiva de un país sin conflicto armado. Pero, para hacer dicho cambio deben, inicialmente, hacer una exigente valoración objetiva de su situación actual, de sus ventajas y deficiencias, de sus aciertos y de sus yerros; deben reencontrase a sí mismos y reencontrar su camino, su rol en el engranaje de un Estado que obligadamente, por la fuerza de la movilización, deberá repensarse para develar qué tipo de sociedad quiere, qué tipo de Estado, y qué modelo de desarrollo requiere y por ende, qué tipo de control y de órganos de control es el adecuado para ese nuevo país.

En la CGR, nos toca adelantarnos a hacer nuestra propia catarsis a fin de que el fin del conflicto y el desarrollo e implementación de los acuerdos de paz, encuentren un órgano de control fiscal renovado y consciente de que se debe exclusivamente a la Sociedad y a la Nación.  Que tendrá, además de continuar con la vigilancia y control del presupuesto público nacional y demás responsabilidades constitucionales y legales, la enorme responsabilidad de vigilar la ejecución de los recursos destinados al posconflicto (recursos públicos y aquellos provenientes de la cooperación internacional).

Desde  la administración de Carlos Ossa Escobar la entidad se ha visto sometida al ostracismo de aquellos que han considerado como “cliente” principal de nuestra labor a la apetitosa y voraz clase política enquistada en el Congreso de la República; al debilitamiento institucional misional de aquel otro que sin aspavientos discutía el contenido de los informes más con los gestores públicos que con los funcionarios involucrados en los procesos misionales y que decidió que serían “los jefes” quienes decidirían si había o no hallazgo o si se fenecía o no una cuenta; hasta el advenimiento de aquella que “legisló” por medio de circulares y resoluciones  y modificó leyes y preceptos constitucionales, poseída del autoritarismo y del egocentrismo propios de quienes son presa del Complejo de Adán y bajo esos efectos, promulgó “normas” y “actos administrativos” y nos dejó solo una secuela de debilitamiento institucional representada en la politización de la entidad con una burocracia clientelista: los Contralores Provinciales.

Y si de calificar los problemas que aquejan a la CGR y a los órganos de control fiscal territorial se trata, la politización de las altas direcciones de las entidades es con creces el de mayor impacto negativo en la gestión pública.

En el caso de la CGR haber incorporado a la planta de las Gerencias Departamentales la figura de los Contralores Provinciales (Artículo 128 – Ley 1474 de 2011) sentó las bases de la politización de la labor misional de la CGR en esas Gerencias y esta percepción parte del análisis no sólo del precitado articulo 128 sino de la Resolución 6541 de 2012.

El artículo 128 (Ley 1474/11) precisó que: “Para la vigilancia de los recursos públicos de la Nación administrados en forma desconcentrada en el nivel territorial o transferidos a las entidades territoriales y sobre los cuales la Contraloría General de la República ejerza control prevalente o concurrente, organícense en cada departamento gerencias departamentales colegiadas, conformadas por un gerente departamental y no menos de dos contralores provinciales.

“Las gerencias departamentales y Distrital colegiadas, serán competentes para:

a) Elaborar el componente territorial del plan general de auditoría de acuerdo con los lineamientos fijados por el Contralor General de la República y en coordinación con las Contralorías delegadas;

b) Configurar y trasladar los hallazgos fiscales;

c) Resolver las controversias derivadas del ejercicio del proceso auditor;

d) Determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del decreto de medidas cautelares;

e) Las demás que establezca el Contralor General de la República por resolución orgánica.”

Por su parte la Resolución 6541 de 2012 estableció que dicho acto administrativo tiene “por objeto fijar y precisar la competencia en el nivel desconcentrado de la Contraloría General de la República a las Gerencias Departamentales Colegiadas, para el conocimiento y trámite del control fiscal micro a través del proceso auditor; la recepción de quejas y denuncias ciudadanas; la ejecución del control fiscal posterior excepcional; la indagación preliminar fiscal; el proceso de responsabilidad fiscal y el Proceso de Jurisdicción Coactiva y el Proceso Administrativo Sancionatorio Fiscal”.

Es decir, que tanto la Ley como la Resolución configuran y sustentan que la burocracia, entronizada en nuestra vida institucional, tengan injerencia absoluta y definitiva en el desarrollo de todos los procesos misionales en el nivel desconcentrado, hasta tal punto que es de su responsabilidad no solo configurar los hallazgos fiscales y darles traslado, sino determinar la procedencia de la iniciación de los procesos de responsabilidad fiscal y del decreto de medidas cautelares. Es decir, ostentan un poder absoluto en los procesos misionales de la entidad.

Desde la institucionalización de esta figura se vienen presentando hechos que corroboran lo perjudicial de dicha burocracia y la inconveniencia de la Resolución 6541 de 2012 expedida por la Morelli que en un exabrupto jurídico y sin competencia, “reglamentó” una Ley de la República fortaleciendo la injerencia del clientelismo en la suerte de los procesos misionales de la entidad.

Es en este marco institucional y político en el que se presentan hechos como los acaecidos otrora en Cauca, en Córdoba y ahora en Sucre ([1]). A instancias de un artículo de la Revista Semana, el articulista Pedro Campo en el portal Las2orillas plantea que como cuota de Teresita García – hermana del exsenador Álvaro García “el gordo” preso por parapolítica – en la CGR funge como Contralor Provincial el señor GERMAN CASSAS GARCIA – primo de los precitados. Y se debe precisar que nadie debería ser perseguido ni señalado por los desmanes clientelistas y corruptos de miembros de su familia.

Sin embargo, nos llama poderosamente la atención que, como lo precisa el artículo, el señor CASSAS GARCIA ha sido beneficiado por ese poder clientelista y corrupto de su familia y ello nos hace imposible asumir la actitud inocente de creer que en la CGR está vinculado por su palmarés académico y experiencia, NO. Se encuentra vinculado por que el origen y propósito de la burocracia denominada CONTRALORES PROVINCIALES es permitir al contralor de turno cumplir con unos compromisos políticos y más preocupante aún es que haya sido nombrado a sabiendas de que está siendo investigado por la propia CGR.

Lo preocupante también es que el señor CASSAS GARCIA como Contralor Provincial y con el poder otorgado por la Ley “anticorrupción” pueda conocer y acceder a dicho (s) proceso (s) e influir en el desarrollo de los mismos y, por lo tanto, así se declare impedido, sea un problema y un contrasentido ético su llegada a la CGR. Caso CARSUCRE.

Lo indignante, lo que nos obliga a convocar una jornada nacional de protesta contra la politización de la CGR y de los órganos de control, es la denuncia de la presunta injerencia del señor CASSAS GARCIA para que un presunto responsable fiscal, el señor JORGE CARLOS BARRAZA FARAK, se beneficie del poder del Provincial y venga “siendo exonerado en todos los juicios fiscales desde la llegada del Contralor Provincial CASSAS GARCIA” y que el mismo provincial presuntamente haya asumido el conocimiento de procesos en los que él y otros directivos de CARSUCRE se encuentran vinculados.

Si de manera real y consecuente la CGR quiere asumir la cruzada contra la corrupción se espera que se emprendan actitudes contundentes como, por ejemplo:

1. Despolitizar la entidad, nombrando en por lo menos uno o dos de los cargos de Contralor Provincial a funcionarios de carrera administrativa liberados del yugo del político regional.
2. Derogar la Resolución 6541 de 2012 por sus inconveniencias legales y constitucionales y por las graves consecuencias que su aplicación acarrea a la entidad. (ver documento adjunto).
3. Expedir una Resolución que precise, distribuya y separe las funciones asignadas a los Contralores Provinciales de tal manera que quien conozca y decida sobre el control fiscal micro y los hallazgos fiscales no conozca ni participe de la decisión de determinar el inicio o no de los procesos de responsabilidad fiscal y decretar las medidas cautelares.

En el entretanto creemos que es sana, para la entidad y la lucha contra la corrupción, la declaratoria de insubsistencia del funcionario de marras por el sólo hecho de encontrase impedido por ser sujeto procesal de la CGR.

De nuestra parte, convocamos a todos los trabajadores de la CGR a llevar a cabo una jornada nacional de protesta el 31 de enero a las 8am, contra: i) la politización del control fiscal; ii) la pretensión de tercerizar servicios de la CGR; iii) en defensa de la autonomía presupuestal de la CGR y iv) por una digna convivencia laboral donde prime el reconocimiento y el respeto.

ASCONTROL JUNTA NACIONAL