El 28 de Abril ¡¡Vamos todos al paro!!

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Colombia enfrenta, Hoy, el escalamiento veloz de los contagios por COVID 19, con uno de los peores registros de contagios y fallecimientos y la puesta en evidencia de la ineptitud del Gobierno de turno que durante un año no fue capaz de incrementar la capacidad hospitalaria (UCI) para responder en los momentos críticos de la enfermedad, ni resolvió nada de la estabilidad y formalización laboral de los trabajadores de la salud, ni el reconocimiento y pago de salarios atrasados. Esta pandemia desnuda sin ambages la cruda realidad de un sistema de salud mercantilizado, tercerizado, pauperizado. Similar situación se presenta con el sector educativo, el Gobierno Nacional, algunos mandatarios locales seguidores del mirón de ballenas y uno de los presuntos responsables del fracaso de Hidroituango, insisten y exigen, sin pudor alguno, el retorno alternado de la presencialidad escolar en las instituciones de educación incluyendo las públicas, a pesar de conocer del desastroso estado de edificaciones e instalaciones de la mayoría de ellas y reafirma su ruindad y mezquindad para afrontar la pandemia con una muy orquestada campaña de macartización contra quienes osan oponerse a la alternancia (liderados por Fecode y la Comunidad Educativa) así se tengan suficientes y válidos argumentos científicos que, hoy, ponen en evidencia que el crecimiento del número de contagios se centra mayormente en la juventud y en la niñez.

A la mezquindad presupuestal contra la población al no aprobar la renta básica, a la improvisación y lentitud en el diseño y ejecución de la campaña nacional de vacunación, ahora se le suma una más de sus promesas engañosas de campaña de “bajar impuestos y subir salarios” con el proyecto de reforma tributaria con la que busca recaudar 30 billones de pesos en nuevos impuestos, esa es la denominada ley de “solidaridad sostenible” o “reforma social, solidaria y sostenible”. Que con los primeros análisis se demuestra que no es ni lo uno ni lo otro.

Dicho proyecto contempla varias perlas, entre ellas:

  1. Artículo 33. Durante las vigencias 2022, 2023, 2024, 2025 y 2026, el crecimiento anual de los gastos de personal y de adquisición de bienes y servicios de los órganos que conforman el Presupuesto General de la Nación, no podrá superar, en ninguno de los casos, la meta de inflación esperada para cada año en el Marco Fiscal de Mediano Plazo.” Que en lenguaje sencillo es negar la negociación colectiva y someter los salarios de los empleados públicos a un incremento paupérrimo sujeto exclusivamente a la meta de la inflación. Sin posibilidades de negociar puntos adicionales. En términos reales es congelar nuestros salarios. Excepto para las FF MM y aquellas entidades que modifiquen sus plantas en el mismo valor que disminuyen los contratos de OPS.

  2. Los servicios de conexión y acceso a internet de los usuarios residenciales y rurales de los estratos 1 y 2.” Con lo cual se le da un golpe al teletrabajo o al trabajo en Casa en los estratos 3, 4, 5 y 6 que no quedan exentos de pagar IVA por su conexión y acceso a internet.

  3. A pesar de su “compromiso” el Gobierno Nacional haciendo gala de su capacidad de engaño camufla en la reforma la eterna aspiración de eliminar los parafiscales y atentar contra las cajas de compensación familiar y el sistema de subsidio familiar, con la exoneración de este aporte a los empresarios que contraten mujeres y jóvenes por los próximos 5 años. Truco para continuar con el desmonte de la parafiscalidad.

  4. Y se aproxima una nueva masacre laboral con la reforma planteada en el artículo 34 del proyecto de reforma tributaria: “ARTÍCULO 34º. FACULTADES EXTRAORDINARIAS PARA LA SUPRESIÓN DE ENTIDADES. De conformidad con lo dispuesto en el numeral 10 del artículo 150 de la Constitución Política, revístese al presidente de la República de precisas facultades extraordinarias para que en el término de seis (6) meses, contados a partir de la fecha de la publicación de la presente ley, expida normas con fuerza de ley para: 

1. Suprimir, fusionar, reestructurar, modificar entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional.  

2. Disponer la fusión, escisión o disolución y consiguiente liquidación de entidades públicas, sociedades de economía mixta, sociedades descentralizadas indirectas y asociaciones de entidades públicas, en las cuales exista participación de entidades públicas del orden nacional. 

3. Realizar las modificaciones presupuestales necesarias para financiar los gastos de funcionamiento e inversión necesarios para el cumplimiento de las funciones que se asignen a las entidades escindidas, suprimidas, fusionadas, reestructuradas, modificadas o disueltas en desarrollo de las facultades otorgadas por la presente ley. 

4. Determinar la adscripción o la vinculación de las entidades, organismos y dependencias de la Rama Ejecutiva del poder Público del orden nacional.  

PARÁGRAFO 1: Las facultades extraordinarias otorgadas mediante el presente artículo no facultan al Presidente de la República para modificar total o parcialmente la estructura de la Contraloría General de la República, Fiscalía General de la Nación y de la Procuraduría General de la Nación.  

En los PARÁGRAFO 2. Y 3. Reafirma el carácter neoliberal de la reforma y hace un oportunista compromiso de respetar los derechos laborales de los trabajadores de las entidades objeto de reforma.

Ascontrol llama la atención del PARÁGRAFO 1 del citado artículo que podría llamar a la tranquilidad. Sin embargo, creemos que cuando un proyecto de reforma dice NO, en nuestro criterio lo que hace es abrir el camino de la discusión para terminar diciendo SI. Como Organización Sindical nos oponemos a cualquier intento de modificación de estructura del estado que implique la supresión y/o fusión de entidades del estado, que traerá consigo no solo los consabidos despidos masivos de trabajadores (masacres laborales), sino que ello significa también el achicamiento mismo del estado, y un estado más reducido, más pequeño significa también menos sujeto que auditar, y menos sujetos que auditar, significa menor personal para ejecutarlo, lo que al final también terminará trayendo consecuencias para el control fiscal ejercido tanto por la CGR, como para las territoriales. Por ello, el llamado es a todos los trabajadores del Control Fiscal Nacional y Territorial y a no creer en artilugios propio de tecnócratas que insultan la inteligencia de los trabajadores.

Sobradas razones se tienen para que la respuesta, sea pronta y contundente, que la jornada de protesta nacional del próximo 28 de abril, sea el preludio de un gran paro nacional. Debe convertirse en la reanudación de la movilización y la rebeldía popular, interrumpidas por la pandemia. Es necesario aupar e impulsar pequeñas y grandes movilizaciones, mítines, asambleas, cabildos que permitan vigorizar la movilización social que, ateniéndose a las reglas de autoprotección (dos metros de distancia, tapabocas, lavado de manos) sean sustento de la política unitaria que salvará a Colombia.

Tenemos que hacer parte de ese torrente, de ese pacto, de esa alianza de fuerzas democráticas que sacudirá las entrañas del poder político actual. La protesta social y la crisis económica y social han sido de tal magnitud, que ni tibios ni vacilantes, pueden ya ocultar la naturaleza fascistoide y de enemigo de la paz y del progreso, del Gobierno de turno, de su subpresidente y del sequito de secuaces que le aúpan y acompañan. La unidad, sin vetos ni exclusiones y la movilización social son la respuesta de la población contra el fascismo y será la base sobre la cual se construya la nueva democracia. Lo que sucede es histórico. Seamos parteros de la nueva sociedad. Actuemos en consecuencia. ¡¡VAMOS TODOS AL PARO!!

JUNTA DIRECTIVA NACIONAL