¡A defender el control fiscal! Por democracia, paz y vida todos al Paro Nacional
Hoy, al enfrentar la Pandemia del COVID- 19, se ha puesto al desnudo de manera descarnada y dolorosa que a Colombia sólo le queda estar en el deshonroso cuadro de honor de ser uno de los países más desiguales del mundo, con un coeficiente de Gini de desigualdad del 0.51 a nivel nacional. Con cerca de 9 millones de colombianos (+-17% de la población) ubicados en pobreza multidimensional; con 14 millones (27% de población) considerados pobres y un 7% de la población ubicada en pobreza extrema. La Pandemia puso de presente que más de 15 millones de colombianos viven en la informalidad y el trabajo por cuenta propia, que la precarización del empleo y la exclusión social son sencillamente asqueantes. He ahí las consecuencias, advertidas, de la implementación a raja tabla de un modelo de desarrollo centrado en la renta y la ganancia del gran capital nacional y trasnacional.
Somos un país con una escandalosa concentración de la propiedad de la tierra: el 1% de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana; el 19% de tierra restante se reparte entre el 99% de las fincas; en el que el 42,7% de los propietarios de los predios más grandes dicen no conocer el origen legal de sus terrenos y en el que los predios de más de 1000 hectáreas se dedican en un 87% a la ganadería y solo el 13% a la agricultura y, en el que un millón de hogares campesinos viven en menos espacio del que tiene una vaca para pastar (1). La Pandemia develó con toda su crueldad el negocio que impulsó y aupó la Ley 100 y el sistema de salud, que no es más que el mercantilismo de la salud, privilegiando la rentabilidad de unos pocos a costa de un servicio de salud con calidad; que abandonó la prevención, que abandono al paciente.
Esa debacle económica y social está, como ayer, acompañada por la fatídica coincidencia del incremento de asesinatos selectivos, masacres, desplazamientos, despojos. Es decir, el escenario ideal aupado y promovido por aquellos que quieren hacer trizas los acuerdos de paz, que en sus mercantilistas intereses vienen fomentando y estableciendo una dictadura cívico – militar fascista que ve en el control y en la oposición, elementos que necesariamente deben controlarse o que deben desaparecer. Un Estado fascista que viene desconociendo o cercenando el diálogo social, la negociación colectiva; que con la mampara de la declaratoria de emergencia sanitaria ha avanzado en las contrarreformas política, laboral y pensional y el desconocimiento de todos los derechos civiles y la intención de “controlar” la protesta popular y la movilización social.
Un Estado fascista y narco paramilitar que aúpa y respalda las acciones violentas de policías y militares, que en su agenda no está resolver los ingentes y crecientes reclamos de la población. Un Estado que estigmatiza la protesta ciudadana y ha sido renuente a reconocer la urgente necesidad de la renta básica, del apoyo real a las MYPIMES, debe tener una respuesta por parte de la población.
Y en ese propósito de rechazar que en Colombia se establezca un Estado Fascista y que, por el contrario, se alcance un modelo de desarrollo alternativo, social y democrático es que debemos enmarcar las protestas del pasado 7 y 21 de septiembre y se enmarcan las movilizaciones del 20 y 21 de octubre y la Minga Indígena. Es la creciente movilización social y popular con miras a ganarle al miedo, al terror ya no sólo al Covid 19 sino a la persecución, a la tortura, al asesinato.
Estas movilizaciones son la antesala de la reedición el próximo 21 de noviembre de ese gran paro nacional en la medida que la pandemia ceda o vaya descendiendo sus estragos en la población y mientras no hay un rebrote significativo, las calles deberán ver cada vez más el incremento de la presencia ciudadana movilizándose y protestando.
Los trabajadores del Control Fiscal saludamos estas movilizaciones desde la perspectiva positiva sustentada en los avances en materia administrativa, misional, laboral y salarial alcanzados con la expedición del Acto Legislativo 04 de 2019.
Sin embargo, dichos avances se volverán inanes si no hay una pronta convocatoria a concurso público de méritos para proveer la totalidad de las vacantes de carrera administrativa donde no solo se viabilice el ingreso de aquellos perfiles requeridos para el cumplimiento de las nuevas y viejas responsabilidades y competencias institucionales sino que facilite el ascenso de cientos y cientos de trabajadores que en mancomunado esfuerzo (trabajador – entidad) se han venido capacitando y tienen la legitima aspiración de ascender, por sus méritos, en la escala laboral de la entidad.
Así mismo, no se podrá hablar de fortalecimiento del control fiscal si no hay una radical reforma interna respecto a responsabilidades y competencias de Contralores Provinciales, de Gerentes, de Directivos con relación al resultado técnico final de los procesos misionales.
Y no menos importante es que no se puede hablar de fortalecimiento del control fiscal cuando aquellos que privatizaron el servicio de salud, que auparon y fomentaron la guerra, que promovieron sendas reformas laborales que cercenaron derechos y garantías laborales, esos mismos, que han tenido connivencia con la corrupción, han vuelto parte esencial de su quehacer político, la eliminación de las Contralorías Territoriales y consecuentemente el debilitamiento del control fiscal público.
Hoy, con un análisis de corte populista y superficial, pretenden sustentar la propuesta de reforma del control fiscal, proponiendo la liquidación de las Contralorías Territoriales y de contera la Auditoría General de la República, y la Contaduría General de la Nación. Ese es el Proyecto de Acto Legislativo de 2020 presentado por la bancada de Cámara y Senado del partido Centro Democrático.
Su propuesta no aguanta un simple análisis, ya que a partir de premisas equivocadas llegar a conclusiones o afirmaciones generalizantes y superficiales: “El país debe fortalecer sus regiones” pero en vez de comprometerse con ello, lo que asistimos, y más en el tratamiento de la Pandemia, es el agobiante centralismo y el asfixiante criterio que todo pasa por la sagrada aprobación del Gobierno Nacional que culminó esquilmándole recursos a las regiones.
Llama la atención el otro argumento simplista de que “Las contralorías de los departamentos, los municipios y los distritos no están realizando sus labores misionales con austeridad y eficiencia. Si hubo un asunto que demandó debate y análisis por todos quienes participamos activamente en la elaboración y defensa del Acto Legislativo 04 de 2019 fue lo relacionado con el devenir próximo del control fiscal territorial y, junto con la Administración de Carlos Felipe Córdoba, se alcanzó un acuerdo con el Congreso de la República respecto a que es incoherente promover el fortalecimiento del control fiscal territorial en materia administrativa, presupuestal y laboral y endilgar problemas de gestión a las contralorías territoriales que han estado sometidas desde la Ley 617 de 2000 a un permanente recorte presupuestal y funcional.
Tal como lo precisó Alfonso Palacio Rudas cuando planteó: “El control es la base fundamental de la estabilidad democrática, y desconocerlo, o subestimarlo, u obstaculizarlo con cualquier pretexto, así sea aparentemente el más apropiado, es asestar un peligroso golpe a las instituciones y dar el primer paso para el implantamiento de situaciones de hecho que no son precisamente las más indicadas...... De ahí que la Contraloría..., exija el cumplimiento de todas las disposiciones constitucionales y legales que rigen su funcionamiento, e impida, por todos los medios a su alcance, que pueda ser recortada o desconocida su función, hecho que demeritará su importancia y la condenaría, como es obvio, a ser suplantada por elementos extraños a las normas que la rigen” (2) .
Acá encontramos el sustento, la argumentación fundamental de porqué participamos del Paro Nacional del 21 de Octubre y de cualquier futura movilización. Por el papel esencialmente democrático del control fiscal y ante el envalontamiento de la derecha política del país que los ha llevado a creer que pueden establecer un modelo fascista en la dirección del Estado; no queda otro camino que la movilización y la protesta.
El control fiscal público es esencial para una democracia y su independencia técnica debe defenderse y preservarse ante el más mínimo asomo de querer controlar sus decisiones técnicas.
Hemos demostrado que los entes de control fiscal dan resultados, a pesar de las limitaciones legales, administrativas, fiscales, presupuestales por lo que cconsideramos que, si de lo que se trata es de combatir la corrupción y disminuir la presunta ineficacia de los órganos de control, la solución está en blindarles y darles más herramientas para su accionar, fortaleciéndolos administrativa, laboral, técnica, metodológica y presupuestalmente, tal como quedo establecido en el Acto Legislativo No. 4 de 2019.
Por ello. Porque rechazamos las masacres y los asesinatos, porque defendemos el Acuerdo de Paz, por democracia y negociación del pliego de emergencia. Por todo ello, apoyamos y acompañamos las movilizaciones y el paro nacional del 21 de octubre. Porque creemos que defender el control fiscal, su fortalecimiento e independencia es defender la estabilidad institucional de la CGR, es defender el control fiscal público; pero sobre todo es defender el Estado Social y de Derecho.
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
20 octubre de 2020
Pies de página:
(1) http://sostenibilidad.semana.com/impacto/articulo/concentracion-de-la-tierra-en-colombia-el-1-por-ciento-de-las-fincas-mas-grandes-ocupan-el-81-por-ciento-de-la-tierra/40882
(2) Estos Primeros Ochenta años de la Contraloría. Hernández Gamarra Antonio. Economía Colombiana, 2003.
