El Contralor propone crear un tribunal de cuentas que se encargue de juzgar procesos
En entrevista con EL TIEMPO, el contralor general, Edgardo Maya, se refirió a la propuesta de crear un tribunal de cuentas que libere a la Contraloría de ser investigadora y jueza en los procesos de corrupción. Además, dice que para salir de la crisis de control fiscal debe acabarse con las contralorías territoriales.
Usted afirmó ante el Congreso que la situación del control fiscal está en un momento crítico. ¿Por qué?
En ningún país serio del mundo existen 63 contralorías haciendo cada una lo que quiere. Debe haber descentralización en la gestión pero no en el control fiscal. Hoy existe un control disperso, lo cual es un verdadero caos. Lo que se requiere es un solo organismo que asuma todas las funciones de fiscalización.
¿La Contraloría tiene hoy los suficientes dientes para atacar la corrupción?
Lo que no hay es un sistema que garantice independencia frente a situaciones políticas y partidistas en las regiones. Estamos ante una oportunidad de hacer un viraje de fondo para que la Contraloría General asuma esas funciones con el conocimiento de quienes hacen parte de las plantas de personal de esas 32 contralorías departamentales y 30 municipales.
Entonces, ¿cuál es su propuesta para las contralorías regionales?
Concretamente, que la Contraloría General asuma las funciones de las contralorías territoriales contando con quienes hacen parte de sus plantas de personal. La reforma debe tener en cuenta la situación de los servidores públicos, y no puede convertirse en una masacre laboral para quienes llevan 20 y hasta 30 años prestando sus servicios a la entidad.
¿Qué tan difícil resulta hoy para la Contraloría sancionar a los responsables de la pérdida de dineros y recuperar esas pérdidas?
En el proceso auditor en el primer semestre del 2016, se evidenció que por cada peso invertido en la Contraloría General se están retornando $ 1,28 pesos por las acciones de control fiscal y vigilancia. Tengo el privilegio de encabezar uno de los equipos más profesionales y comprometidos de una entidad de control en América Latina. Pero el modelo de Estado descentralizado y la legítima autonomía de las entidades territoriales no pueden ser ajenos a una lógica de control fiscal.
¿Cuáles son sus principales objeciones al Tribunal de Cuentas que promueve el senador Rodrigo Lara?
El proyecto de acto legislativo propone la supresión de la Contraloría y crea el tribunal de cuentas como un órgano consultivo del Congreso. Eso es muy grave, porque sería romper la independencia y la autonomía del control fiscal. Lo que se requiere es que las comunidades de departamentos y municipios cuenten con las garantías de vigilancia sobre los recursos que les transfiere la nación para salud, educación, vivienda y agua potable.
¿Cómo afectaría a la independencia del control fiscal que la Contraloría se vuelva un órgano consultivo del Congreso?
Acabar con la Contraloría para crear un ente que dependa del Congreso genera inmensa preocupación.
Sería el fin del control fiscal autónomo e independiente. Lo que nosotros proponemos es un tribunal de cuentas que adelante el juicio de responsabilidad fiscal para que la Contraloría General no sea al mismo tiempo la entidad que investiga y la que juzga. Ambas entidades, Contraloría única y tribunal de cuentas, deben ser independientes del Congreso.
¿Cómo está construida la Contraloría, no hay garantías para que este órgano sea el que investigue, juzgue y recupere dineros perdidos?
La posición nuestra es que se debe crear un tribunal de cuentas para que libere a la Contraloría del juzgamiento que hace en los procesos de responsabilidad fiscal después de adelantar las auditorías. Procedimiento en el que se ha venido convirtiendo en juez y parte. Así se otorgan mayores garantías a los procesados y el Consejo de Estado no seguiría convertido en la tercera instancia de estas decisiones administrativas.
¿Les hace falta la función de advertencia que tenía la Contraloría, y que la Corte declaró inconstitucional?
Creemos que pronunciarse en forma posterior y selectiva sobre la gestión y los resultados del manejo de recursos y bienes públicos no es suficiente. Advertir del posible riesgo que se pueden presentar conductas que afecten el patrimonio público es importante. Sobra decir que acatamos plenamente el fallo de la Corte, pero extrañamente la misma Corte Constitucional imparte órdenes a la Contraloría para ejercer control previo en el cumplimiento de sus providencias, mandato que estamos cumpliendo.
Lupa a detrimentos
Este año, la Contraloría ha denunciado detrimento por $ 10.022 millones en 16 CAR del país. En alimentación escolar hay detrimento por más de $ 36.000 millones en la costa Atlántica; La Guajira tiene irregularidades por $ 16.792 millones y el Cesar, por $ 6.709 millones. En los próximos días la entidad dará a conocer hallazgos en otros departamentos por más de $ 22.000 millones.
En la salud, por recobros de medicamentos para enfermedades como hemofilia y Von Willebrand, se hicieron hallazgos fiscales en Córdoba por $ 44.812 millones.
Los elefantes blancos de obras públicas con regalías, suman $ 62.000 millones en hallazgos fiscales.
Publicado originalmente en: eltiempo.com
