Auditoría presentó estudio de viabilidad para el pago de primas en las contralorías
Ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), presentó la Auditora General, Laura Emilse Marulanda Tobón, un estudio de viabilidad que busca que se paguen las primas de servicios y bonificaciones por servicios prestados a los funcionarios de las contralorías territoriales del país.
La presentación se hizo en virtud de los compromisos adquiridos por la Auditora General con el Consejo Nacional de Contralores y todas las Asociaciones Sindicales de estos organismos de control, frente a la incertidumbre jurídica generada por diversos pronunciamientos en torno al reconocimiento y pago de las primas de servicios y bonificaciones por servicios prestados a los funcionarios públicos pertenecientes a las entidades de orden territorial.
En el documento presentado ante el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) se analiza el impacto económico y soporte legal que fundamenta el pago de estos emolumentos por parte de las contralorías territoriales y sus sujetos de control, información que servirá para determinar el alcance del control que deben realizar las contralorías territoriales sobre sus entidades vigiladas, así como verificar la aplicación del control de legalidad de que trata el artículo 125 de la ley 1474 de 2011.
En el estudio presentado al DAFP se realizó un inventario de los organismos de control territoriales relacionados con el pago del factor o elemento salarial en el año 2013 y se encontró que de las 62 contralorías vigiladas por la Auditoría, 57 pagan primas y 5 no lo hacen.
También se analizó de forma detallada el impacto generado por la interpretación realizada a la norma por parte de los gerentes públicos del pago de primas de servicios y bonificaciones por servicios prestados. Además se estableció si posterior al fallo de la Corte Constitucional, en el cual se aclaran los conceptos establecidos en la norma, aún las entidades siguen realizando pagos por concepto de primas de servicios y bonificación por servicios prestados a funcionarios que no deben ser beneficiarios de las mismas.
El estudio entregado al DAFP también evaluó el impacto económico generado por el pago de dichas prestaciones, y revisó si se ve afectada o no con esto cada entidad pública vigilada. La Auditoría General también buscaba establecer el marco legal que sirve de soporte de los pagos realizados por concepto de dichas prestaciones sociales.
Otro de los objetivos del estudio era ser base de información para la orientación de estrategias y acciones por parte del proceso auditor en la vigilancia y control de los pagos realizados por prestaciones sociales en el ámbito territorial.
De acuerdo a las gestiones realizadas por la Auditoría General el documento será tenido en cuenta por parte del Gobierno Nacional para la toma de decisiones en torno a la viabilidad de normalizar la situación que se ha venido presentando.
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