Declaración de la Asamblea Nacional de Delegados de Ascontrol en defensa del Control Fiscal

ASAMBLEA NACIONAL DE DELEGADOS DE LA ASOCIACIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA – ASCONTROL

Resolución Declaración Defensa del Control Fiscal

Bogotá D.C. septiembre 25 a 29 de 2016

La XIII Asamblea Nacional de Delegados de ASCONTROL reunida en Bogotá entre el 25 y el 29 de septiembre de 2016, abordó el análisis de la problemática del control fiscal público ejercido por la Contraloría General de la República y la incertidumbre que han generado tanto la radicación del proyecto de Acto Legislativo 093 del Representante Rodrigo Lara Restrepo (Cambio Radical), como el silencio elocuente del Contralor Maya y sus opiniones públicas sobre reforma del control fiscal territorial y del referido análisis,

 RESUELVE

1. 1. Rechazar el alcance, contenido y enfoque del proyecto de Acto Legislativo 093 de 2016, por considerar que la propuesta de un Tribunal de Cuentas no contribuye a una efectiva y real lucha contra la corrupción pública y privada y sí nos retrocede en el alcance y enfoque del control fiscal al retrotraernos al ejercicio de un control numérico, financiero, y legal alejado de un control moderno de gestión y resultados cimentado en los principios de economía, eficacia y eficiencia.
2. 2. El proyecto de Acto Legislativo 093 que propone la creación de un Tribunal de Cuentas como un órgano de control fiscal con funciones de naturaleza jurisdiccional, las cuales en la Constitución Política son de naturaleza exclusiva de la Rama Judicial, vulnerándose con ello el pilar fundamental de la separación de poderes. Es decir, se pretende no una simple reforma del control fiscal sino una verdadera sustitución de la Carta Política hasta el punto de asumir o eliminar funciones asignadas por Constitución y Ley a otras dependencias e instituciones del Estado.
   
   El Proyecto de Acto Legislativo se sustenta en normatividad y circunstancias de países con ordenamientos político-administrativos diferentes al nuestro, sin efectuar análisis alguno de la viabilidad del funcionamiento de esta institución en organizaciones de tipo territorial y administrativa como las colombianas. Es decir, se hace con esta propuesta un grotesco trasplante institucional; amén de eliminar, los principios y sustentos del Control Fiscal introducidos por el Constituyente de 1991 como el Control fiscal posterior y selectivo, así como el carácter técnico y la autonomía administrativa y presupuestal de los órganos de Control.
   
   Con fundamento en el análisis efectuado por la Junta Directiva Nacional, la XIII Asamblea Nacional de Delegados, decide reafirmar no solo el rechazo al proyecto de Acto legislativo 093 sino continuar de manera firme desarrollar las acciones necesarias para alcanzar su total hundimiento.
    
3. 3. Saludar la constitución de la Mesa de Unidad Sindical conformada entre las organizaciones sindicales Ascontrol, Sinaltrase, Conauditores, Asdeccol, Uníos, Unauditoría y el compañero José Fernando Hernández y reafirmar su voluntad de que ASCONTROL continúe en la Mesa de Unidad Sindical.
    
4. 4. Rechazar cualquier opinión, proyecto o propuesta que conduzca a la eliminación de la Contraloría General de La República y Contralorías Territoriales o que ponga en riesgo la estabilidad institucional y laboral de los órganos de control fiscal. En ese sentido, expresar nuestra objeción y rechazo a la propuesta de creación de la Contraloría General de la Nación, por ser igual de lesiva al Proyecto 093 del Representante Lara (Cambio Radical) para la estabilidad institucional y laboral.
    
5. 5. Los trabajadores del Control Fiscal somos conscientes de la necesidad de efectuar cambios administrativos, funcionales, operativos y misionales de los órganos de control fiscal, siempre que los mismos sean el resultado de la más amplia discusión sobre las metodologías y técnicas que deban ser adoptadas, que conduzcan al fortalecimiento del control fiscal público ejercido por la CGR y por las Contralorías Territoriales como herramientas esenciales en la lucha contra la corrupción y que permita hacer realidad, incluso, criterios de la OCDE de perseguir y sancionar a funcionarios públicos, contratistas nacionales o internacionales, con la simple sospecha de estar incursos en actos de corrupción.
   
   La experiencia, la formación y compromiso de los funcionarios probos, han permitido que la Contraloría General de la República y las Contralorías Territoriales; a pesar de las limitaciones constitucionales, legales, administrativas, funcionales y operativas, hayan dado resultados acumulados tangibles no solo en materia de recuperaciones sino de los beneficios obtenidos en desarrollo del proceso auditor y de los controles de advertencia aplicados. Por ello, vemos con preocupación el alcance dado a la Auditoría de Desempeño al no contemplar de manera clara el inicio de Procesos de Responsabilidad y limitar su impacto respecto a los resultados de la evaluación de la gestión fiscal.
    
6. 6. Demandar del Comité Directivo la reorientación inmediata del Plan de Vigilancia y Control Fiscal 2016 y de las directrices del PVCF 2017, en el sentido de utilizar la totalidad de la planta de personal en el desarrollo de nuestras responsabilidades constitucionales y legales con el apoyo presupuestal, técnico y jurídico necesarios para el ejercicio de las mismas, que permita solucionar no solo la subutilización de la planta de personal sino la disparidad de criterios existentes entre el nivel central y el desconcentrado y entre los mismos directivos.
   
   En dicha perspectiva se debe buscar una mayor coordinación entre las Gerencias Departamentales y la Oficina de Planeación a fin de tener en cuenta el conocimiento que las Gerencias tienen respecto a los sujetos y puntos de control, respetando su autonomía en la elaboración del PVCF.
    
7. 7. Exigir de la administración el cumplimiento del acuerdo laboral 2015 – 2017, suscrito con las organizaciones sindicales e incumplido en la inmensa mayoría de los puntos concertados.
    
8. 8. Responsabilizar a las administraciones de la CGR por no adoptar de manera oportuna decisiones administrativas, laborales, operativas y funcionales que conduzcan a su fortalecimiento y por ello demandar la consecución de los recursos presupuestales requeridos para nombrar las listas de elegibles priorizando el nombramiento de abogados para el área de responsabilidad fiscal, tanto en el nivel central como desconcentrado.
   
   Modificar la Resolución 6541 de 2011 a fin de definir con claridad las competencias de los Contralores Provinciales y en el mismo sentido reglamentar y precisar las competencias de la Dirección y Grupos de Responsabilidad Fiscal así como de la Unidad Anticorrupción y en general dar cumplimiento a los acuerdos alcanzados en la Mesa Temática de Responsabilidad Fiscal, que hoy brillan, por su incumplimiento.
    
9. 9. Incorporar al pliego de peticiones la modificación de la resolución interna de la CGR que reglamentó el Comité de Convivencia Laboral en el sentido de establecer un Comité de Convivencia en cada una de las Gerencias Departamentales de acuerdo al número de trabajadores existentes, que sería responsable de la primera instancia en materia de convivencia laboral, mientras el Comité Nacional sería el encargado de tramitar la segunda instancia y la única instancia de aquellas Gerencias que por su tamaño no ameriten tener Comité Departamental de Convivencia.
    
10. 10. Defender el Fondo de Bienestar Social y sus programas y exigir por parte de su dirección (Junta Directiva, Gerencia), una mayor contundencia en sus gestiones que le permita obtener los recursos presupuestales para cumplir con el desarrollo de sus funciones y programas. Exigir del Contralor General - Gobierno Nacional - el pago inmediato de las solicitudes presentadas y la apropiación y giro oportuno de las cesantías parciales de los funcionarios de la CGR. Para tal propósito convocar a todos los trabajadores y trabajadoras de la CGR a una gran movilización para exigir el reconocimiento y pago de este derecho conculcado.
     
11. 11. Efectuar una movilización en defensa de la autonomía presupuestal de la CGR en el propósito de que dicha autonomía no solo sea una sentencia contenida en la Constitución y en la Ley respecto a la elaboración del presupuesto, sino que se respete su ejecución sin someter a la entidad a recortes decretados desde el Gobierno nacional en contravía de la autonomía del órgano superior de control. Demandar la consecución inmediata de los recursos necesarios para hacer realidad el nombramiento de las listas de elegibles.
     
12. 12. Adelantar movilización nacional y asambleas permanentes en defensa de la CGR, de su estabilidad institucional, de su autonomía presupuestal y en rechazo del proyecto de acto legislativo 093 ya mencionado.
     
13. 13. Participar activamente tanto en las reuniones de los comandos regionales unitarios de paro y coordinar activamente tareas con la Central Unitaria de Trabajadores, entre ellas, la participación en las actividades de movilización que se programen.
     
14. 14. Realizar inmediatamente las asambleas informativas de afiliados que permitan ambientar jornadas de movilización.

 CARLOS SAAVEDRA ZAFRA             CARLOS RAMÍREZ DEL CASTILLO
    Presidente Nacional                               Secretario General