Corrupción y acuerdos de paz. Artículo del periódico Controlando N.9
Demócratas, revolucionarios, librepensadores, comunistas, socialistas, ateos y cristianos, creemos, como William Ospina, que el 9 de abril de 1948 [1] se inició el deceso de la Nueva Colombia en manos de terratenientes y burgueses, narcos, paracos y ladrones que cooptaron el Estado (en términos de Luis Jorge Garay)[2], y convirtieron tanto el erario como la administración pública, no en la forma de responder a las colosales demandas colectivas de salud, educación, vías, empleo, tierra, recreación, cultura, arte, desarrollo industrial, sino en su forma de vida y negocio familiar y particular. Han sido años de “poderes arrogantes”[3] que han hecho de la antidemocracia y la exclusión social, su forma de gobernar un país diverso territorial, geográfica y socialmente.
Sometieron a Colombia a una violencia orquestada en nombre de la democracia, en la más nefasta entre narcos, bandas criminales y políticos corruptos que les permitió cooptar gobiernos y entidades para poner a disposición de sus criminales intereses, los recursos públicos de la salud, de la educación, de las regalías, del sistema general de participaciones. Allí, en esta alianza de políticos nacionales y regionales corruptos con la variopinta de bandas criminales, radica la génesis de la corrupción pública y privada, que debe tenerse en cuenta al hablar de lucha contra la corrupción.
Hoy, con un imparable proceso de paz alcanzado con las Farc y en desarrollo con el ELN nos colocan a los colombianos ante una nueva realidad política y social, y estamos redescubriendo como un derecho el de velar porque los recursos públicos se usen de manera pronta y adecuada para aquello que la Constitución y la Ley han determinado. Estamos asistiendo al despertar de una sociedad que empieza por reclamar una verdadera y profunda lucha contra la corrupción.
Los trabajadores y los organismos encargados del control fiscal nacional y territorial estamos en el centro del debate, en el ojo del huracán. Los colombianos no quieren minimizar a su justa proporción la corrupción, sino eliminarla y para ello, piden mayores resultados.
Sin embargo, esa clase política incrustada en los poderes nacional, regionales y locales que dicen atacar la corrupción, han sometido al pauperismo y raquitismo administrativo, laboral, técnico, legal, y presupuestal a los órganos de control fiscal, y es, desde la Rama Ejecutiva que se les viene doblegando, marchitándolos administrativa y presupuestalmente.
Por ello, el llamado para que la defensa y exigencia de ética y transparencia en la administración de los recursos públicos y la lucha contra la corrupción, hagan parte de la defensa de los acuerdos de paz y sean vistos como pilares fundamentales tanto en la construcción y consolidación de la paz, como en la de una verdadera sociedad democrática e incluyente. Ese es el papel del control fiscal en la sociedad y su debilitamiento técnico, metodológico, procedimental, administrativo, laboral, legal y presupuestal, es fomentar la antidemocracia; la continuidad de esa macabra alianza entre corruptos y bandas criminales y de contera un ataque al espíritu contenido en los acuerdos de paz de defensa de lo público y de uso adecuado de los recursos públicos.
Acuerdo de paz y corrupción
Los acuerdos de La Habana son prolíficos en asuntos relativos a la lucha contra la corrupción, entendida esta, no solo como esencial para garantizar el cumplimiento efectivo de los acuerdos de paz sino como elemento fundamental en el fortalecimiento de la democracia, de la transparencia en la administración pública y para el cumplimiento de los fines esenciales del Estado y responder a las ingentes demandas sociales y económicas de la población.
El Acuerdo de La Habana precisa que la lucha contra la corrupción debe tener un enfoque territorial y por ello no solo llama a intensificar la lucha contra la corrupción, determinando las causas y consecuencias generales de dicho fenómeno y la adopción de medidas para combatirla sino que se precisa la profundización y priorización: “el combate contra la economía de los cultivos ilícitos y la intensificación de la lucha contra las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico, incluyendo actividades relacionadas, como las finanzas ilícitas, el lavado de activos, el tráfico de precursores y la lucha contra la corrupción, desarticulando toda la cadena de valor del narcotráfico” y su papel trascendental en la captura ilegal del Estado a nivel nacional y territorial.
En forma paralela a la lucha contra la corrupción el Acuerdo de La Habana contempla que se deberán cualificar y fortalecer “... las capacidades institucionales. La estrategia deberá incluir el establecimiento de grupos interinstitucionales especializados con el fin de atacar las distintas expresiones de la corrupción y sus responsables y contribuir a mejorar el desempeño institucional...”. Y es aún más preciso sobre los mecanismos de lucha contra la corrupción al preceptuar que:
(...) La implementación de lo acordado se liderará y ejecutará aprovechando al máximo la institucionalidad existente, y reconociendo las competencias de los diferentes niveles de gobierno. Se buscará que las instancias y los mecanismos de articulación institucional que se crean en los diferentes puntos del Acuerdo Final contribuyan a fortalecer dicha institucionalidad y de ésta manera fortalecer la democracia.
Eficacia, eficiencia e idoneidad: para lo cual se optimizarán tiempos y recursos asociados a la implementación mediante mecanismos especiales y de gestión pública eficiente, reducción de trámites, y la simplificación de instancias, procesos e instrumentos.
Transparencia, control social y lucha contra la corrupción: con información clara, accesible y oportuna sobre las decisiones desde la asignación hasta la ejecución final de los recursos (trazabilidad), que permita su seguimiento de manera sencilla, y mecanismos de rendición de cuentas, difusión de la información, control de la ciudadanía y de los órganos de control y en general lucha contra la corrupción. Todo lo anterior con el fin de garantizar que la totalidad de los recursos públicos asignados a la implementación se ejecuten correcta y estrictamente dentro de los términos del Acuerdo Final.
En la perspectiva de verificar y controlar que los recursos se ejecuten en su totalidad y para los que fueron asignados; con el Decreto 888 el Presidente de la República creó la Unidad Delegada para el Postconflicto respondiendo con ello a los puntos 1.2.4, 3.4.4, 3.4.7.2, 5.1.2, 6, 6.1.5 y 6.3.1 del Acuerdo Final [4], y de esta manera permitir materializar un espacio institucional, hoy inexistente, a través del cual la Contraloría General de la República podría cumplir de manera rigurosa y oportuna las tareas de vigilancia y control fiscal sobre los recursos asignados por el Estado para financiar y desarrollar el posconflicto y el cumplimiento de la metas del componente para la paz del plan plurianual de inversiones.[5]
El papel trascendental que deben jugar los órganos de control en la ejecución de los recursos asignados para la implementación de los Acuerdos de La Habana es de tal magnitud que así como se hace necesario conformar una gran confluencia política y social para defender los Acuerdos y exigir su implementación, se vuelve fundamental alcanzar un gran consenso nacional entre contralores territoriales, Contraloría General de la República, Procuraduría General de la Nación, Auditoría General de la República, academia, Congreso, y trabajadores del control fiscal a fin no de diagnosticar los problemas del control fiscal sino de consensuar soluciones para bien de la nación y de la sociedad, de la democracia y de la paz.
Junta Directiva Nacional Ascontrol
Bogotá D. C. 30 Julio 2017
Notas
1 Pa que se acabe la vaina. Ospina, William. Editorial Planeta. Bogotá, 2013.
2 Narcotráfico, corrupción y Estados. Garay, Luis Jorge; Salcedo-Albarán, Eduardo. Debate. Bogotá. 2012
3 Pa que se acabe la vaina. Ospina, William. Editorial Planeta. Bogotá, 2013.
4 Acuerdo Final de La Habana.
5 Decreto 888 de 2017.
