Sancionados exgobernador y exasesora jurídica del Quindío
La Procuraduría Delegada para la Moralidad Pública destituyó e inhabilitó por diez años para ejercer funciones públicas a Julio César López, en su condición de gobernador del Quindío y a Luz María Arbeláez, en su condición de directora del departamento administrativo, jurídico y de contratación del mismo ente territorial, que ejercieron en el periodo 2008-2011.
La sanción de primera instancia está fundamentada en las presuntas irregularidades cometidas en la celebración del convenio interadministrativo 254 del 12 de noviembre de 2009, suscrito por la gobernación del Quindío y la Red de Universidades Públicas del Eje Cafetero, Alma Máter, con el objeto de realizar la gerencia del proyecto denominado rehabilitación de la infraestructura vial afectada por la ola invernal, por valor de 2 mil 223 millones 786 mil 448 pesos.
Cabe destacar que el convenio fue celebrado a raíz de los daños causados por la ola invernal en diciembre de 2008. Los recursos fueron destinados en la reparación de un puente en Barragán, otros puentes en Salento y vías afectadas en Pijao.
Según el ministerio público, con esta actuación se vulneraron los principios de transparencia, selección objetiva y de responsabilidad consagrados en el estatuto de la contratación estatal, por cuanto se pudo eludir el procedimiento de selección objetiva mediante licitación pública, en atención a la cuantía y finalidad de la contratación. La falta de los dos funcionarios fue considerada como gravísima a título de dolo.
En concepto del órgano de control, la supuesta irregularidad se configuró, al usar la figura del convenio interadministrativo, para transferir directamente los recursos que le fueron entregados al departamento por el Instituto Nacional de Vías, Invías, a la red Alma Máter, que a su vez subcontrató las obras requeridas, escogiendo a los ejecutores sin dar aplicación a los procesos de selección establecidos en la ley
Habló el exgobernador
López Espinosa dijo que ya presentó un recurso de apelación ante la Sala Disciplinaria, y aseguró que el convenio administrativo con Alma Máter es legal. Aseguró que con motivo de la ola invernal, el gobierno nacional decretó un modelo de política anti-cíclica, que buscaba que los recursos del Estado se ejecutaran en unos plazos muy cortos para solucionar los problemas causados por el desastre natural.
“Una vez se lograron apropiar los recursos, el gobierno nacional recomendó que para contribuir a la política anti-cíclica se ejecutaran convenios. Bajo ese esquema todos los gobernadores y alcaldes hicimos cantidad de convenios. Lo que hay es una discusión jurídica que está afectando a todos los mandatarios del periodo anterior, donde el llamado que se hacía era ejecutar los recursos para cumplir la política anti-cíclica”, manifestó López Espinosa.
El exgobernador señaló que “el gobierno nacional envió un oficio recomendando varias entidades a escoger para el cumplimiento de la política anti-cíclica. Nosotros pensamos que se debía elegir la que más seguridad jurídica ofreciera. Las entidades públicas tienen la vigilancia de todos los organismos de control del Estado, y dentro del panorama de entidades, la única pública era Alma Máter”.
Finalmente expresó que no descarta acudir a una segunda instancia, que es la jurisdicción contenciosa administrativa, ente que revisa la legalidad de este tipo de actos.
Por: Cronica del Quindio
