Rastreo a tres contratos en la Contraloría por $8 mil millones
Tres contratos celebrados por la Contraloría en el último año y medio con un reconocida firma especializada en seguridad informática, por un valor total de $8.300 millones, están bajo la lupa de la Fiscalía. O estaban, porque las pesquisas preliminares quedaron en el limbo hasta tanto la Corte Suprema de Justicia resuelva si el vicefiscal Jorge Perdomo es competente para investigar a la contralora Sandra Morelli. Ella lo recusó argumentando “una enemistad grave”.
Tras bambalinas está el controvertido expediente de Carlos Palacino, expresidente de Saludcoop, condenado por la Contraloría por el desvío de $1,4 billones de recursos de la salud. Dineros que fueron invertidos en extravagantes viajes de sus directivos —a Singapur, por ejemplo—, patrocinios deportivos, bonificaciones, compras y adecuaciones campestres y en honorarios de abogados, entre los cuales aparece el hoy fiscal Eduardo Montealegre. Más de $3.200 millones recibió —dice el fallo— de recursos públicos.
El fiscal salió a desmentir esa acusación, pero lejos está la contralora de retractarse. De hecho, esta semana Morelli amplió su denuncia contra Montealegre ante la Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes asegurando que el fiscal hasta septiembre de 2012 seguía beneficiándose de contratos con Saludcoop. En el entretanto de ese vaivén de señalamientos públicos, varias investigaciones contra Morelli avanzaban en la Fiscalía. Una de ellas por presuntas chuzadas a los periodistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco.
Una de las líneas de investigación en el caso es que los supuestos equipos para espiar no estarían en la sede de la Contraloría, sino que estos servicios habrían sido subcontratados con terceros. En esa hipótesis, según establecieron El Espectador y Blu Radio, la Fiscalía rastreaba tres contratos que suscribió la Contraloría con la firma Mnemo Colombia para la modernización de la plataforma tecnológica de la entidad. En esencia, se buscaba blindar al organismo de posibles fugas de información en los expedientes y garantizar la seguridad informática del organismo.
Los contratos tienen dos particularidades. La primera es que como jefe de Seguridad Tecnológica e Informática de la Contraloría, el coronel (r) de la Policía Carlos Alberto Barragán acompañó todo el proceso de contratación con la firma Mnemo, cuya sede principal está en España. Barragán es el mismo que, según reveló el expresidente Andrés Pastrana, le entregó los narcocasetes que dieron origen a un proceso con un número que todavía le da vueltas al país: el 8.000. Como experto en inteligencia, Barragán monitoreó las conversaciones de los capos Miguel y Gilberto Rodríguez con políticos del país y supo los secretos de la narcofinanciación de la campaña de Ernesto Samper.
La segunda particularidad es que los tres contratos por más de $8.300 millones se otorgaron sin licitación pública porque, según los estudios de la Contraloría, la firma Mnemo era la única en el mundo que podía proveer los programas informáticos y demás servicios requeridos para proteger de cualquier ataque la plataforma tecnológica de la entidad. La alianza informativa de El Espectador y Blu Radio conoció no sólo los contratos bajo la lupa de la Fiscalía, sino todos los estudios previos del negocio y el acuerdo entre la Policía y la Contraloría —de mayo de 2012— para garantizar el proceso de modernización tecnológica del organismo.
El 4 de junio de ese año, en un documento de 23 páginas, el coronel Carlos Barragán señaló todas las vulnerabilidades informáticas detectadas en una auditoría que constituían un peligro para la seguridad de todos los procesos en la Contraloría. La radiografía era catastrófica: no había protocolos de confidencialidad para proteger la información ni políticas centralizadas para custodiar archivos sensibles. En ese contexto, recomendó que se implementaran los software Sciso y Maveric, programas reconocidos por su eficacia para detectar fugas de información.
Barragán conceptuó que como Mnemo era la única sociedad en Colombia autorizada para negociar la adquisición e implementación de los software, debía contratarse directamente con dicha firma. Pocos días antes el jefe de la oficina de Telemática de la Contraloría —el teniente coronel Jairo Gordillo, también de la Policía— le envió a Barragán el diagnóstico sobre la plataforma de la entidad y las recomendaciones de la Policía para adquirir estos programas. De hecho, viajaron a España para mirar la tecnología.
La propia contralora Morelli le pidió a la Procuraduría acompañar el proceso. Y la delegada del Ministerio Público Tatiana Londoño expresó algunos reparos sobre los alcances del acuerdo entre la Contraloría y la Policía en desarrollo de la implementación de esta nueva plataforma, al tiempo que pidió un estricto ejercicio de seguimiento al contrato a través de un interventor. El 25 de julio de 2012 la Procuraduría certificó que la empresa Mnemo Colombia no tenía sanciones ni inhabilidades vigentes, así como su representante legal Antonio Vicent.
Ese mismo día se firmó el primer contrato por un valor de $3.800 millones. Pero el 28 de diciembre de 2012 se adicionaron al negocio otros requerimientos que le costaron a la entidad $1.563 millones más. El 19 de abril de 2013 se firmó otro por $690 millones para el diseño de una guía de responsabilidad en la Contraloría para “el aseguramiento del expediente electrónico”. El último contrato con Mnemo se suscribió el 10 de julio de 2013 por un valor de $2.256 millones y, básicamente, especificaba el uso y las licencias de estos programas especializados.
Los oficiales Gordillo y Barragán aparecen en todas las actas de seguimiento a la implementación de esta nueva plataforma informática. La conexión entre la Policía, este proceso contractual y los eventuales alcances de los programas tecnológicos estaban en el radar de la Fiscalía. ¿Era Mnemo la única compañía que proveía estos servicios en el mundo? ¿Por qué no se abrió licitación? ¿Pueden estos programas tener herramientas espías? Todos estos interrogantes formaban parte de la línea de investigación del ente acusador en relación con las eventuales chuzadas denunciadas por los periodistas Ramiro Bejarano y Cecilia Orozco.
No obstante, después de la recusación de Sandra Morelli al vicefiscal porque desconfía de su imparcialidad para investigarla, todas estas pesquisas se frenaron en seco. La Corte Suprema deberá resolver cuanto antes este dilema para bien de la justicia. Morelli dice estar tranquila. “Que busquen lo que quieran, nada van a encontrar”, sostiene desde su despacho. Pero la Fiscalía tiene dudas. Y el destape de Pastrana, de que el coronel Barragán fue quien le entregó los narcocasetes en 1994 y que tiene una hoja de vida extensa en asuntos de inteligencia y monitoreo de comunicaciones, inevitablemente vuelve a poner un escenario de espionaje tras bambalinas. Aún más, porque fue Barragán uno de los protagonistas de todos estos contratos con Mnemo.
Fuentes de la cúpula de la Contraloría defendieron a Barragán a capa y espada, y lamentaron que la revelación del expresidente pusiera en tela de juicio el trabajo de un condecorado oficial en retiro que, en su momento, dejó en evidencia a la mafia. Pero en su caso surge otro interrogante: el 24 de abril pasado fue nombrado como contralor para el sector de regalías. ¿Puede una persona de su perfil desempeñarse en ese cargo? (Ver nota anexa). Al margen de las suspicacias, cierto es que los rastreos de la Fiscalía hoy están en el limbo. Y en el entretanto lo que sí se roba titulares son las pullas públicas de Morelli y Montealegre por el caso Saludcoop.
El lío por el edificio de la Contraloría
El otro negocio que tiene bajo la lupa del vicefiscal general, Jorge Perdomo, a la Contraloría es el contrato 233 de 2012, firmado por la contralora Sandra Morelli y el representante de la firma Proyectos y Desarrollos, Rafael Augusto Salazar. Este negocio es por el arrendamiento de la sede principal del organismo de control, que según los documentos, entre agosto de 2012 y agosto de 2014 la entidad deberá pagar un valor mensual de $2.516 millones. Pero el gran lío es que el empresario de textiles y de construcción de ascendencia israelí Alberto Aroch Mugrabi es el propietario del 10% de la constructora y a través de su empresa Moda Sofisticada controla otro 40%. Es decir, es su verdadero dueño. Pero tiene dos indagaciones por presunto lavado de dinero. Información en poder de los Estados Unidos lo señala, incluso, como el jefe de los Guberek, una reputada familia de textileros que cayó en desgracia tras ser incluidos hace poco en la lista Clinton por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.
