Informe Comisión Academica sobre El gasto público en Colombia

Existe una gran controversia respecto al gasto público en Colombia. Algunas voces reclaman su incremento con la finalidad de atender necesidades largamente postergadas de la sociedad colombiana. Otras, por el contrario, reclaman su disminución eliminando rubros que consideran superfluos. Lo curioso es que mientras los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), considerado el club de las buenas prácticas gubernamentales al que Colombia acaba de adscribir, tienen niveles de gasto estatal de 4050 % del PIB, según el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (MHCP) en su último Marco Fiscal de Mediano Plazo (Ministerio de Hacienda 2018) el gasto del gobierno central en Colombia para el 2018 será 18.2 % del PIB, incluyendo una inversión de 1.7 %. 
 
Tal situación resulta explicable: según el mismo marco fiscal, la recaudación tributaria será 13.6 % del PIB y la recaudación total 15.1 %.2 Concordante con ello, propone cumplir la regla fiscal mediante reducciones del gasto a través de la llamada “austeridad inteligente”, y minimiza así la importancia del cierre fiscal por la vía de impuestos progresivos.  
 
Responder sobre la conveniencia, dimensión y alcance del gasto público en un país requiere responder en primer lugar qué tipo de Estado ha definido la sociedad y qué tan lejos se encuentra de su establecimiento, porque son las características que la sociedad le atribuye las que deberían definir el alcance y la dimensión de ese gasto. Se requiere también un debate sobre la eficiencia y eficacia de este y sobre la mejor manera en que debe ser administrado, entre otras cosas para erradicar la corrupción que muchas veces lo rodea.

La universidad debe expresar su voz en esa controversia ya que es la institución por excelencia en donde se construye y se difunde el conocimiento a partir de lo previamente construido y de lo nuevo que pueda aportar. No es la única para ese propósito, pero es una de las principales. Ese conocimiento, en últimas, debe contribuir al bienestar de la sociedad y de sus integrantes. Por eso, la universidad no puede quedar al margen de los problemas nacionales y de la búsqueda de sus soluciones en un marco ético y de libertad. 
 
Bajo estos principios, preocupados por el quehacer nacional y sin más interés que contribuir desinteresadamente a mejores decisiones de política económica para el logro del bienestar de los colombianos, profesores vinculados a los temas tributarios, fiscales y de política económica, de la Pontificia Universidad Javeriana, de la Universidad Externado de Colombia, de la Universidad Nacional de Colombia y de la Escuela Colombiana de
Ingeniería nos hemos permitido como Comisión Académica plantear respetuosamente unas reflexiones y propuestas sobre el gasto fiscal en Colombia y sobre las reformas que al respecto el país requiere con carácter urgente. Este trabajo resulta una continuación del que desarrollamos y publicamos anteriormente sobre la cuestión tributaria.3 
 
Sobre el gasto y la inversión pública, el Gobierno colombiano tuvo a bien solicitar a un grupo de expertos una reflexión y unas propuestas, las mismas que le fueron entregadas hace pocos meses y suscitaron un debate público (Comisión del Gasto y la Inversión Pública, Informe Final, diciembre de 2017, publicado en marzo de 2018). 
 
Las reflexiones y propuestas que se presentan en este texto difieren de algunas de las de la comisión gubernamental. El espacio de la academia permite una mirada más amplia e independiente del gobierno y de sus restricciones. El presente texto las desarrolla primero en términos generales para luego abordar temas específicos que a juicio de la Comisión Académica son importantes, algunos de los cuales deberían resolverse de una manera progresiva en varios ejercicios presupuestales.

En general, concluimos que el gasto del Estado no sólo debe hacerse más eficiente, sino que debe aumentar para financiar los bienes públicos necesarios para el desarrollo. De tal manera, el debate sobre el gasto educativo debe dejar su enfoque casi exclusivo en la financiación de las universidades, y buscar resolver primero las enormes carencias de calidad en educación temprana, primaria, secundaria y media. Debe construirse para que la provisión de salud universal sea de calidad alta y uniforme. Los programas de transferencias condicionadas deben continuar siendo una parte importante de la política social del Estado, mientras subsista la incapacidad de la economía de proporcionar una ocupación digna y de alta productividad a la totalidad de la fuerza laboral colombiana. Dada la ineficiencia y las dificultades del sistema pensional actual es importante que, en particular, de continuar los fondos privados, los ingresos de sus administradores dependan de los resultados de su gestión; así mismo deben considerarse nuevos tipos de transferencias como el ingreso básico universal (IBU) que hagan menos precarias las condiciones de vida de los miembros más vulnerables de la población. 
 

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