Hagamos un "Pacto contra la corrupción". Carta de Ascontrol a la bancada de gobierno
Bogotá, D. C. Julio de 2022
Honorable Senador
ROY BARRERAS MONTEALEGRE
Presidente
SENADO DE LA REPUBLICA
Honorable Representante
DAVID RACERO MAYORCA
Presidente
CAMARA DE REPRESENTANTES
Honorables Congresistas
Congreso de la República de Colombia
La Asociación Sindical de Trabajadores de la Contraloría General de la República, ASCONTROL, nos dirigirnos a ustedes, para manifestarles nuestro rechazo a los presuntos hechos de corrupción y afirmaciones de los medios de comunicación que han puesto en tela de juicio la juiciosa labor que realizamos los trabajadores y trabajadoras comprometido(as) con el ejercicio del control fiscal en Colombia; por ello, es nuestra intención proponerles la construcción de un gran “Pacto contra la Corrupción”, que desde el legislativo, nos permita avanzar hacia un Estado garante de la realización de los fines esenciales que consagra nuestra carta constitucional.
En primera instancia, queremos hacerles algunas precisiones sobre los antecedentes de la situación actual del control fiscal y, en particular, de la Contraloría General de la República. Desde la reforma impulsada por el Contralor General Carlos Ossa Escobar (QEPD) a finales de los años 90, se propuso una disminución de cerca de 1.500 cargos de la planta de personal y buscó fortalecer el ejercicio del control fiscal posterior y selectivo con la ayuda de varias plataformas tecnológicas; sin embargo, la intención de la transformación de éste órgano de control se volvió inane cuando, a partir del primer quinquenio del presente siglo, le fueron asignadas nuevas responsabilidades legales, constitucionales y jurisprudenciales a la Contraloría General de la República, que a partir del año 2010 justificaron y sustentaron las reiteradas solicitudes de los trabajadores por una necesaria ampliación de la planta de personal que tendría como finalidad ampliar nuestro marco de acción.
Más funciones y responsabilidades y menos personal, (ingenieros civiles, ingenieros de sistemas, analistas de proyectos, economistas, abogados, contadores, administradores, etc) amén de una nugatoria planeación del ejercicio de control, originó duplicidad de funciones, sobrecarga de trabajo, ausencia de control o controles inoportunos, excesiva y, a veces, exagerada centralización de procesos misionales de control, descoordinación e incluso desconfianza sobre la labor desarrollada.
Esta última realidad fue la que incentivó la elaboración, presentación y discusión del Proyecto de Acto Legislativo 04 de 2019 que viabilizó varios asuntos peticionados durante los últimos 20 años: Ampliación Planta de Personal, Incorporación de funcionarios del extinto DAS, Incremento del presupuesto asignado a la Contraloría General de la República, mejoramiento salarial de los funcionarios de la entidad, nuevas facultades de control al incorporarse el control fiscal preventivo y concomitante y fortalecimiento del ejercicio del control fiscal con apoyo activo del control social. En ese sentido, se logró la ampliación de la planta de personal donde más del 90% de los cargos nuevos son de carrera administrativa.
Como ciudadanos(as), pero en especial, como trabajadores(as) del control fiscal, entendemos la situación política y económica del país, y el valor precioso y difícil que significa la lucha contra la corrupción: “luchar contra la corrupción es mucho más que pronunciar un discurso” y por ello las acciones orientadas a ello deben tener un claro derrotero.
Señores Congresistas, como muchos de ustedes lo vivieron en el pasado, la denominada “dictadura de la corrupción” invadió las altas esferas del poder y ello nos llevó a todos los colombianos a aceptar un “acuerdo sobre lo fundamental”, ése que se materializó con la expedición de la Constitución Política de 1991, la cual “permitió un pletórico de derechos y libertades ciudadanas” y “llenó a la ciudadanía de dignidad”, creemos que recuperar estos propósitos y reconstruir sobre ellos es en la actualidad el deber de todos nosotros y en especial de este Congreso de la República.
Por ello, en este momento histórico, un “Pacto contra la Corrupción”, se convierte en una herramienta necesaria para avanzar en este propósito, y desde el control fiscal, consideramos necesario que éste se oriente al fortalecimiento de nuestras instituciones, creemos con absoluta certeza y conocimiento técnico que no podemos caer en el canto de las sirenas que llaman nuevamente a una reforma constitucional orientada a menguar nuestras capacidades y desprestigiar la labor de base que realizamos, sino más bien orientar el rumbo hacia vigorizar nuestra labor fiscalizadora para lograr buen puerto.
Por lo anterior, desde el interior de las bases trabajadoras, queremos proponerles se analice desde el interior del Congreso, las siguientes acciones que consideramos pueden contribuir al Pacto que proponemos y que son acordes no solo con los principios consagrados en la Carta Constitucional de 1991, sino que obedecen a misma estructuración territorial propuesta por los constituyentes de la época:
• Fortalecimiento administrativo, presupuestal y laboral a las Contralorías Territoriales, el cual obedece al cumplimiento de los valores de nuestra descentralización territorial, como verdadero sistema de control fiscal del país.
• Posibilitar el control social haciendo realidad un PACTO entre Entes de Control – Gobierno y Organizaciones Sindicales y Sociales para ejercer un control en tiempo real y desde la ciudadanía, es decir acercar el ciudadano al control de la corrupción en sus territorios.
• Robustecer e independizar el control de primera línea o control interno, en todas las entidades del Estado, de modo que no incida en su labor las decisiones y autoridad legal, reglamentaria de los directivos de las entidades públicas.
• Se propugne a través de normas porque el Estado no contrate con quienes han sido sancionados fiscalmente y si el marco constitucional lo permitiese ni con sus parientes en primer grado de consanguinidad o afinidad y que el Estado y los entes de control no incorporen a sus nóminas a quienes están incursos en investigaciones relacionadas con hechos de corrupción o que renuncien a sus aspiraciones de ocupar cargo público alguno hasta que finalicen las mismas.
• Que se modifiquen leyes que limitan el accionar del control fiscal.
Pero ante todo Honorables Congresistas, se hace necesario, comprometer al nuevo Contralor (a) en el respeto por la carrera administrativa especial de rango constitucional, convocando de manera inmediata a concurso público de méritos para proveer las 2.871 vacantes existentes en la CGR (incluidos los cargos de Director convertidos en cargos de libre nombramiento y remoción cuando son de carrera); para que de esta manera, se respeten las decisiones técnicas, objetivas y sin ningún tipo de injerencia política, de auditores e investigadores de la entidad y lograr una necesaria y obligada ampliación del Plan de Vigilancia y Control Fiscal a otros entes, proyectos y programas del Estado que garantice mejores resultados y un más amplio y oportuno control.
Hoy, los funcionarios del Control Fiscal sin ambages estamos dispuestos a la lucha contra la corrupción, aquella que en antaño “se tomó el poder, dominó el Estado y hasta hicieron las leyes” y que hoy se encuentran anquilosada en nuestras instituciones y amenazan nuestra democracia. No se trata, sólo, de elegir quien va a regir los destinos del Ente Superior de Control ni de nuevas reformas se trata es de incidir, desde el Congreso, en el rumbo que debe tener el ejercicio del control fiscal público, su alcance, su profundidad, su importancia para la gestión pública. Se trata de que el control fiscal y los entes responsables de su ejecución, la CGR y las Contralorías Territoriales, deben estar al servicio del fortalecimiento de la democracia, de la adecuada gestión de los recursos públicos, del ejercicio del control político del Congreso y al servicio del constituyente primario. Enfrentar carteles de la contratación y la corrupción no puede ser responsabilidad única o exclusiva de los entes de control sino de toda la sociedad.
Señores Congresistas; si queremos fortalecer el cambio que arranca el próximo 7 de agosto, debemos comprometernos todos en un GRAN PACTO CONTRA LA CORRUPCIÓN. Nosotros, los trabajadores y trabajadoras del control fiscal, ¡¡¡estamos listos!!!
Cordialmente,
ASCONTROL
JUNTA DIRECTIVA NACIONAL
CARLOS SAAVEDRA ZAFRA ROCIO MARGARITA PALLARES
Presidente Nacional Secretaria General
(320 850 33 31)
