Controlaría sigue sin sede
Penoso es, por decir lo menos, que una entidad tan importante como la Contraloría General de la República haya recibido el año 2015 buscando sede.
Y que hoy en día la mayor preocupación para su cabeza, Edgardo Maya Villazón, sea la de conseguir un edificio para trabajar y no la de sacar adelante las muy importantes investigaciones que el organismo de control debe realizar para el bienestar de la nación. No solo es una alerta para las autoridades. Es, igualmente, un respiro para los corruptos, que pueden descansar mientras los sabuesos que los persiguen buscan un lugar para —por lo menos— trabajar sin afugias.
Y eso que el viacrucis de los funcionarios de la Contraloría parece ser lo de menos. Esa entidad ha dicho que ante un eventual cambio de sede, el Centro de Datos de la Contraloría dejaría de funcionar por 60 días, “afectándose de esta forma la expedición de cerca de dos millones de certificados de antecedentes fiscales”, documento requerido para suscribir contratos de prestación de servicios con el Estado, posesionarse en cargos públicos, realizar contratos de obra, participar en concursos de méritos y realizar trámites consulares. A lo que se suma el altísimo riesgo que el cambio de sede supone para la integridad del archivo de la Contraloría, que contiene documentos de vital importancia para el control fiscal.
Parece una tragicomedia que un organismo de control sea presa del habitual descontrol institucional. Por ello es rescatable el anuncio hecho el pasado viernes por el ministro de Justicia, Yesid Reyes, sobre el traslado de por lo menos 500 funcionarios de la Contraloría a las instalaciones que el Ministerio de Justicia tiene en el centro de Bogotá. No obstante, esta es una medida insuficiente y, como lo dijo el mismo ministro, provisional: estos 500 funcionarios son apenas una cuarta parte de la planta. ¿Lo provisional se volverá permanente?
El anuncio es, además, tardío. Que la Contraloría se iba a quedar sin sede para 2015 era un secreto a voces —por no decir otra cosa— incluso desde antes de la elección como contralor de Edgardo Maya Villazón. Tampoco eran un misterio los inconvenientes del contrato de arrendamiento de las instalaciones que esta entidad ocupaba en el occidente de Bogotá, entre ellos una “cláusula insólita”, como la calificó el contralor, que obliga a esta entidad a entregar el edificio en obra gris.
Mejor dicho, que los funcionarios tienen que llevarse todo, incluyendo los sanitarios, las puertas, los pisos. No hay que perder de vista que la misma excontralora Sandra Morelli es investigada por las supuestas irregularidades que rodearon la firma de este contrato.
El Gobierno ha presentado una serie de propuestas para salir de la crisis. Todo apunta a que, por ahora, las instalaciones que el Ministerio de Justicia tiene en el centro van a ser la nueva sede de la Contraloría, aprovechando que esa cartera se va a trasladar al edificio que ocupaba la ya extinta Dirección Nacional de Estupefacientes en la calle 53 con carrera 13. Lo importante es que la Contraloría tenga sede pronto y pueda volver a lo que le compete: ponerle un tatequieto a la corrupción. Mientras sus funcionarios sigan errantes y desarraigados por la ciudad, el control fiscal va a andar a media marcha y eso es una catástrofe para el país.
El control fiscal necesita dientes y dolientes. No es justo, de nuevo, que en este país un organismo de control fiscal pase penurias consiguiendo un lugar para trabajar, mientras sus investigados andan tan tranquilos. Es como querer combatir un cáncer a punta de ibuprofeno. La cura tiene que estar a la altura, sobre todo en un país donde la corrupción sigue haciendo de las suyas.
Por Elespectador.com
